La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, para adaptarlo a la normativa europea.
En su informe sobre la propuesta de orden del Gobierno para subastar potencia interrumpible durante los siete últimos meses del año, la CNMC señala que el ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio a las exigencias de la Unión Europea y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, el organismo señala que no aprecia en la propuesta de orden del ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».
Asimismo, al igual que en noviembre en su informe sobre la primera subasta de potencia interrumpible para 2018, la CNMC advierte del elevado coste que implica el mecanismo y considera que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad». A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros.
La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país.
Respecto a las novedades introducidas por el ministerio para esta segunda subasta, la CNMC considera que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente», por lo que recomienda considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de cinco MW.
Asimismo, comparte que se impida la participación en la próxima subasta a aquellos agentes con deudas pendientes con el operador del sistema (Red Eléctrica de España) en relación con la prestación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Señala que en el primer trimestre de este año, el servicio se ha activado 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios (MW), según los datos del operador del sistema.
